Advierten riesgo de violencia por avance de obras ecocidas
*Melchor García*
“El desacato a los amparos permite que persista esta destrucción, y desgraciadamente tenemos que llegar a lo radical que es un enfrentamiento civil”, así lo dijo Jaime Vargas Martínez, abogado y representante del Consejo Supremo Indígena a nivel nacional, al advertir un foco de violencia contra las constructoras encargadas de la construcción de las autopistas de peaje: Toluca-Naucalpan y Atizapán- Atlacomulco.
Representantes de diferentes comunidades indígenas denunciaron este martes que las empresas involucradas en los megaproyectos (IUSA, OHL y Autovan Teya. A) siguen avanzando en su edificación pese a existir fallos judiciales que las obligan a su suspensión, lo que está implicando sólo el colapso natural de los ecosistemas.
Señalaron que, a pesar de ganar amparos, las maquinarias de las empresas constructoras siguen trabajando, lo que está convirtiendo a los puntos en conflicto en polvorines y bombas de tiempo para un enfrentamiento.
Y es que dicen los proyectos carreteros son responsable de afectaciones irreversibles a las comunidades, al bosque, sus manantiales, flora, fauna, zonas arqueológicas y sitios religiosos, pues de inicio contabilizan deterioro de 140 manantiales en los 39 mil 800 kilómetros de los municipios de Huixquilucan, Xonacatlán, Villa del Carbón, Lerma, Naucalpan, y Atlacomulco.
“Es una devastación catastrófica de nuestros bosques, de nuestros mantos acuíferos y de la reserva natural”, expresó.
Tan sólo la vía Atizapán- Atlacomulco, dijeron, afecta 150 hectáreas de comunidades indígenas entre ellas San Jerónimo Zacapexco, en Villa del Carbón, con 80 manantiales deñados. Mientras que la carretera Toluca -Naucalpan ha dañado 850 mil metros en comunidades de Lerma y Huixquilucan.
