Inician diputados del EdoMéx análisis de reforma para sancionar “terapias de conversión”
*Alberto Dzib*
Los diputados del Estado de México iniciaron en comisiones la discusión de la iniciativa de reforma que plantea sancionar con prisión, multas o trabajo comunitario a quien promueva o practique terapias de conversión orientadas a modificar la orientación sexual e identidad de género, con la consideración de que el análisis debe ser riguroso para evitar que se incurra en violación a derechos humanos.
Durante la discusión, la impulsora de la propuesta y diputada de Morena, Beatriz García Villegas, dijo que además de no estar comprobado que estos mecanismos de conversión funcionen, vulneran el derecho a decidir de las personas de la comunidad LGBTTTI y se sabe que muchas veces el método consiste en la violencia física, psicológica o sexual, por lo que se considera que debe haber sanción para quienes obliguen a alguien a someterse a estos procedimientos y para quienes los practiquen.
Las bancadas del PRI y del PAN coincidieron en que no se debe obligar a las personas a pensar diferente, pero consideraron que la iniciativa podría tener problemas de interpretación y atentar contra la libertad de quienes de manera voluntaria deseen iniciar un tratamiento para corregir la orientación sexual e identidad de género, además de que la violencia como lo refiere la iniciativa, ya es sancionada por el Código Penal del estado.
Desde la propia bancada de Morena, se pidió analizar la posibilidad de endurecer las penas contra quienes incurran en estas prácticas y por parte del Partido Verde, se pidió que se considere como sujetos de sanción a los profesionales de la salud que practiquen estos procedimientos de conversión.
El acuerdo este lunes fue que la iniciativa se analizará a profundidad para evitar anomalías en la construcción del dictamen que se someterá a votación, por lo que se revisarán e incluirán las propuestas de las bancadas parlamentarias.
La iniciativa original plantea que se sancione de 1 a 3 años de prisión la promoción o práctica de estos procedimientos, pero se eleve hasta 6 años en caso de que las víctimas sean menores de edad o personas con discapacidad.
