Labor permanente de PJEDOMÉX en autorización de brazaletes
El Poder Judicial del Estado de México, en coordinación con el Ejecutivo de la entidad han autorizado la entrega 80 brazaletes electrónicos como parte del Sistema de Localización y Rastreo que permite a los sentenciados finalizar su condena en libertad e integrarse al campo laboral, o bien, para los imputados sujetos a un proceso penal.
De los dispositivos, 53 de ellos fueron otorgados como beneficio preliberacional, 26 como medida cautelar y uno más como sustitutivo penal; esta medida está contemplada en los Códigos Penal y de Procedimientos Penales del Estado de México -en los casos que aún se siguen bajo ese ordenamiento-, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
En este sentido, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas ha reconocido al Tribunal Superior de Justicia por ampliar el número de beneficiados, cuyas ventajas del brazalete, ha expresado “son una realidad en el Estado de México, permiten la reinserción social y familiar del delincuente, reducen la sobrepoblación en los centros de prevención y readaptación social, y aminoran el costo de su manutención”.
La tarea del Tribunal es determinar si el candidato cumple los requisitos para ser portador de este dispositivo y salir libre, ya que luego de la solicitud por parte de la defensa y el ministerio público, un juez de ejecución de sentencias analiza la viabilidad de concederlo a quien cumple una sentencia.
Los brazaletes son otorgados a aquellas personas que enfrentan una sentencia condenatoria por primera vez, que sean primodelincuentes o cuya pena privativa de la libertad no sea mayor a los 15 años; además se puede conceder a dos años de cumplir las tres quintas partes de la sentencia por delito doloso y cubierto la reparación del daño ocasionado.
Con la implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales, el brazalete electrónico también es otorgado como una medida cautelar, para evitar que los imputados ingresen a un centro de detención y evadan la acción de la justicia, impidiendo así la sobrepoblación en los penales.
Cabe mencionar que este esquema también es utilizado en países como Australia, Nueva Zelanda, Argentina y Estados Unidos, en donde se ha demostrado su efectividad.
