Sin prisa, pero sin pausa PJEM trabaja en nuevo Código Penal del EdoMéx

*Manuel Luna*

Tras casi 25 años, el Poder Judicial del Estado de México (PJEM) busca replantear la política criminal de la entidad, para crear un nuevo Código Penal del Estado de México, si lo dio a conocer el magistrado presidente del PJEM, Ricardo Sodi Cuellar.

“Es una innovación de que en sede judicial se propongan esos cambios, se generen mesas de análisis y se construya un proyecto incluyente, que involucre a toda la sociedad mexiquense, a los expertos, a los no expertos, a las ONG’s, a las instituciones públicas, obviamente a todos los que tienen un interés en qué la justicia en el Estado de México vaya por buen camino”, indicó Sodi Cuellar.

De acuerdo con el magistrado, la consulta es un replanteamiento de la política criminal del Estado, partiendo de un documento técnico que será elaborado por el cuerpo de magistrados y jueces de la entidad mexiquense, harán una revisión a la parte especial del código penal, donde tipifican los delitos en lo individual, y a partir de ahí escucharán las propuestas de la sociedad y de los académicos, así como de todos los interesados.

Para lo anterior, se desarrolló un micrositio en el portal digital del PJEM, que ya se encuentra abierto a partir de hoy, dónde se establecen las características del proceso y consulta del Código Penal, y donde se pueden registrar para participar en las mesas de diálogo.

El magistrado Sodi Cuellar, aseguró que el proyecto contempla a jueces y magistrados de toda la entidad del Estado de México, y especialistas en varias materias.

“Porque la materia penal involucra también a la materia familiar, civil, y no solamente los penalistas, por eso agradezco la presencia de magistradas y magistrados juezas y jueces de todas las materias, porque todos debemos de hacer un esfuerzo por repensar y replantear la política criminal a partir de nuestro Código Penal. Es una parte general muy técnica, complicada, va a ser planteada a partir de propuestas de expertos y académicos, y después consensuada con toda la sociedad mexiquense”.

Afirmó que no hay un tiempo definido para terminar la propuesta, aunque sería bueno que estuviera lista la iniciativa a principios del próximo año, sin embargo, para tener un buen resultado, se requiere hacerlo sin prisas, ya que la política actual de incremento de penas, no es justa.

“Sin prisa, pero sin pausa; debemos de hacerlo con suficiente tiempo para reflexionar, para pensar, para madurar, no se trata de elaborar un producto al vapor, se trata de hacer un replanteamiento y una reflexión de lo que está pasando en el Estado de México”, indicó.

Sostuvo que aquellos que han administrado la justicia en el Estado de México, han visto que la política criminal se ha construido a partir del incremento de penas; si hay aumento en el robo a transporte público, se incrementa la pena; un incremento al robo con violencia, se incrementa la pena; a llegar absurdos tales como que un robo de mercancía en una tienda de conveniencia puede implicar una sanción mínima de 8 años 6 meses de prisión, lo cual es un exceso; un homicidio simple, 11 años de prisión, robar un coche con violencia, robo automotor con violencia puede llegar lo mínimo a 16 año seis meses de prisión, y un homicidio simple 11 años de prisión, le estamos castigando igual el robo que el homicidio, eso tiene que cambiar.

Afirmó que existe una serie de conductas que son más propias del derecho administrativo sancionador, o del derecho penal como la venta de alcohol o cigarrillos a menores, que pueden estar en la Ley de Justicia Cívica o en los Bandos Municipales como una sanción administrativa, y no en el Código Penal.

“No debemos abusar de la incorporación de conductas en el Código Penal, por qué se desnaturaliza su esencia y descompone la estructura”, mencionó.

Finalmente, dijo que buscarán abordar este proyecto de manera conjunta con el Ejecutivo y el Legislativo, así como con los municipios; sin dejar de lado la oportunidad de la participación de magistrados federales. El objetivo final es desarrollar un nuevo Código Penal y el desarrollo de una política pública que combata y controle el delito, “con base en una cultura de paz y reconstrucción de los tejidos sociales dañados”.