Sanciones a presidencias o tesorerías municipales que no paguen sueldos
La diputada Karina Labastida Sotelo, propuso sancionar a los titulares de la Presidencia o de la Tesorería Municipales que retrasen, nieguen o reduzcan el pago del sueldo a las personas del servicio público que lo hayan devengado, tras indicar que esta conducta ha sido reiterada en momentos post-electorales, cuando no reciben retribución.
Señaló que, del 100 por ciento de conflictos individuales de trabajo registrados durante 2022, 6.1 dieron inicio por “salarios retenidos”, acusó que los particulares y a las autoridades les resulta fácil vulnerar los derechos de las y los trabajadoras generando un impacto directo en sus familias.
Esta situación se agudiza al final de cada administración, se abstienen de dar cumplimiento al pago del sueldo, por 4 motivos; la falta de aseo financiero, la nula planeación financiera, diversos contingentes derivados de fenómenos naturales, sentencias judiciales, o épocas electorales.
Por ello, la propuesta es responsabilizar a los Presidentes y Tesoreros Municipales que dejen total o parcialmente de ministrar el sueldo (primas, aguinaldo, despensas etc.), a las y los servidores públicos previo al término de su administración, dado que genera problemas financieros que, años después se convierten en laudos millonarios.
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Además, indica que debe considerarse en el cumplimiento de la obligación de pago, al Tesorero Municipal, como garante de la Hacienda Pública y el servidor público encargado de la dispersión o pago de los sueldos, por lo que, propone adicionar una fracción al artículo 95 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, con la finalidad de que el servidor público efectúe el pago de sueldos, en las fechas establecidas por ley.
De igual manera, dijo la diputada de la 4T, se propone adicionar una fracción al artículo 44 Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el cual tiene como finalidad, que estas conductas puedan ser sancionadas por la vía política, sin dejar de lado las posibles faltas administrativas graves.
Solo en 2022 a nivel nacional, se registraron 356 mil 442 convenios de trabajo prejudiciales, 138 mil 420 conflictos de trabajo (individuales y colectivos) y 3 mil 151 emplazamientos a huelga.
