Gasto Innecesario en Brazaletes de Preliberación: Raymundo Guzmán
TOLUCA, Méx.- El diputado panista, Raymundo Guzmán Corroviñas, afirmó que la reforma que regula el uso de brazalete como preliberación generará un gasto de 43 millones de pesos en sólo tres meses, lo que calificó como innecesario debido a que en los últimos días del próximo mes de febrero, entrará en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales, y particularmente la Ley Nacional de Ejecución de Penas.
Tras votar en contra de dicha propuesta de ley durante la sesión que sostuvieron el día de hoy las Comisiones Unidas de Gobernación con Procuración y Administración de Justicia, el legislador panista explicó que de acuerdo a la reforma constitucional del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece que la ejecución de las penas corresponde a la legislación federal.
Guzmán Corroviñas detalló que la vigencia de la reforma planteada a nivel estatal fenecerá en el mes de febrero y los costos que planeta el propio sistema de brazaletes electrónicos, que a razón de 97.20 pesos diarios por cada uno de los aproximadamente cinco mil beneficiarios, tendría un costo de 43 millones de pesos.
Resaltó que existen alrededor de cinco mil aspirantes a obtener el sistema de preliberación, mismos que tendrían que estar respaldados por un patronato de la sociedad civil o por alguien de reconocida modalidad, y algún familiar que tenga un empleo o estudios para hacerse acreedores a este beneficio, además de complicarse su situación por los antecedentes penales con los que cuentan.
En este sentido, calificó como prioritario que el Gobierno estatal garantice el funcionamiento de los brazaletes en los 125 municipios de la entidad, y realizar una revisión exhaustiva para verificar qué personas cubren los requisitos, “para que sea un beneficio para todos los sentenciados y no con un esquema de discriminación”.
A petición del diputado Raymundo Guzmán Corroviñas, los integrantes de las comisiones de Procuración y Administración de Justicia con Gobernación y Puntos Constitucionales, aprobaron que los servidores públicos que se vean involucrados en la evasión de algún reo, sea sancionado como participe en el delito.
