Acusan ejidatarios violación a amparo de suspensión en tramo del Tren México-Toluca
*Alberto Dzib*
Los inconformes del ejido de San Buenaventura en Toluca, señalaron que pese a haber obtenido un amparo, la SCT continúa con las obras y no les ha indemnizado por el uso de tierras.
Por segunda vez en 2020, ejidatarios de San Buenaventura en el municipio de Toluca, exigieron el pago de las tierras de la zona utilizadas para la obra del Tren interurbano México-Toluca y pidieron que se sancione a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por presuntamente haber violado un amparo obtenido para la suspensión de plano del proyecto.
Los inconformes se concentraron desde las 9:00 de la mañana en el cruce de Avenida Solidaridad las Torres y Venustiano Carranza para protestar por la falta de pago de tierras, mientras sus representantes legales realizaban una inspección en la zona para reunir evidencia sobre la probable violación al amparo obtenido en diciembre de 2019, pues aseguraron que, pese a esta disposición, durante la pandemia se ha instalado infraestructura eléctrica en la obra.
Edgar Ocampo Hernández, uno de los abogados del ejido, resaltó que a partir de las pruebas que se entregarán al juez federal que concedió el amparo, se espera que haya una sanción contra la dependencia y que se le presione para cumplir con la indemnización por la afectación de 96 mil metros cuadrados del ejido de San Buenaventura por el que se exigen 300 millones de pesos a distribuir en aproximadamente 290 ejidatarios.
“Aún así la Secretaría de Comunicaciones insiste en concluir y echar a andar el tren, entonces lo único que nosotros pedimos es precisamente el cese y el respeto a la suspensión de plano que una autoridad federal emitió obviamente en respeto a los derechos humanos del ejido de San Buenaventura.”, dijo Ocampo Hernández.
Los ejidatarios resaltaron que, en 2016, la SCT realizó un pago de indemnización de tierras por aproximadamente 29 millones de pesos al comisariado ejidal que en ese tiempo estaba en funciones, sin embargo, se considera que se trató de un movimiento ilegal por no haber consultado a la mayoría de los integrantes y se buscan acciones penales para quienes resulten responsables de esa transacción.
Advirtieron que, si la SCT continúa con el desarrollo del tren ligero, realizarán bloqueos hasta que se les atienda y otorgue la cantidad que exigen como indemnización por daño a sus tierras.
