Amnistía Internacional denuncia campaña de desprestigio hacia defensores del derecho al agua en Edoméx
Amnistía Internacional (AI) denunció actos de estigmatización, hostigamiento, e intimidación en contra del coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHFL), Antonio Lara Duque, así como un beneficiario del Mecanismo para la Protección de Personas Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas a través de panfletos en redes sociales una clara campaña de desprestigio promovida contra la organización.
“Estos últimos acontecimientos se inscriben en la distribución de una serie de volantes hostiles con el objetivo de deslegitimar la labor de defensa de derechos humanos que realizan los mencionados defensores”, reiteró el organismo defensor de los derechos humanos.
AI precisó que en estos panfletos se les acusa de ser “enemigos del pueblo” y de entregar la “administración del agua potable al municipio” a través de “malos manejos”.
Resaltó que los ataques podrían ser una represalia por su lucha por el manejo autónomo y ciudadano del sistema de administración de agua de la comunidad de Coyotepec. “La estigmatización de las personas defensoras de derechos humanos contribuye a generar un ambiente hostil que fomenta ataques físicos en su contra”, precisa AI.
Demandó a las autoridades de la Federación y del Estado de México —en particular al presidente Enrique Peña Nieto y el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong— a garantizar la seguridad e integridad física del coordinador general del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, así como la del defensor Sergio Velázquez Morales, ya que su integridad física y vida podrían estar en riesgo.
“Es crucial que las autoridades promuevan un ambiente seguro para las y los defensores de derechos humanos, garantizando que estas campañas de desprestigio promovidas por particulares dejen de existir” dijo Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo Amnistía Internacional México.
La organización internacional hizo un llamado a las autoridades federales y del Estado de México a implementar medidas inmediatas y efectivas para garantizar su protección, para que se asegure que todo el personal que trabaja en la organización, particularmente activistas que defienden el acceso al agua en Coyotepec, puedan llevar a cabo su legítima labor sin temor a sufrir represalias.
Cabe señalar que el derecho al agua y los que actúan en defensa de la tierra y del territorio son con más frecuencia víctimas de ataques, amenazas, actos de intimidación como represalia por su trabajo legítimo y fundamental. Quienes están detrás de esos ataques casi nunca son procesados.
Amnistía Internacional ha expresado su satisfacción por el establecimiento del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en 2012. Sin embargo, muchas de las personas defensoras y periodistas en situación de riesgo que han solicitado protección no han recibido hasta la fecha una respuesta oportuna o eficaz, y eso ha generado frustración, inseguridad y desilusión.
La impunidad de que disfrutan los responsables de los ataques sigue favoreciendo que se toleren los ataques. El gobierno federal no ha dado hasta la fecha una respuesta convincente ante el clima imperante de hostilidad hacia las personas defensoras de los derechos humanos.
