Analizan en la Legislatura mexiquense propuesta de nueva Ley de Desarrollo Agrario
Diputados locales de Morena e integrantes de la Central Campesina Cardenista y del Movimiento Campesino Plan de Ayala Siglo XXI analizaron la propuesta para expedir la nueva Ley de Desarrollo Agrario, propuesta por Ricardo Monreal Ávila en el Senado de la República, y coincidieron en la necesidad de informar a sus comunidades y pueblos sobre esta iniciativa, trabajar en una alternativa, su contenido y alcances, sensibilizar a los legisladores que la votarán, así como promover foros para su estudio y consulta.
En la sede del Poder Legislativo estatal, el diputado Margarito González Morales (morena), presidente la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Forestal de la 60 Legislatura, explicó que se convocó a este taller porque en el marco de la agenda nacional que encabeza el presidente electo Andrés Manuel López Obrador el tema del campo es relevante, ya que busca su reactivación. También consideró necesario enriquecer la propuesta, la visión y las perspectivas del sector tanto en el nivel nacional como estatal.
El diputado Juan Pablo Villagómez Sánchez, prosecretario de la citada comisión, ofreció a los presentes puertas abiertas de la Casa del Pueblo y afirmó que las políticas neoliberales y, en su momento, el Tratado de Libre Comercio desmantelaron al campo y favorecieron a las transnacionales, y coincidió en que las políticas de López Obrador pretenden la refundación del campo y ampliar las oportunidades para los campesinos.
Añadió que, en este contexto, la Cuarta Transformación es una “cuarta liberación”, esta vez, dijo, de la plutocracia, “la clase política que cada vez hunde más al pueblo”. Se pronunció por una actualización radical de la Constitución mexicana y devolverle su sentido social para que las personas nuevamente ocupen un lugar por arriba del gran capital.
En su momento, Luz Carlos Moreno Pérez, secretario de Finanzas de la Central Campesina Cardenista, expuso que la iniciativa del senador Ricardo Monreal representa la continuidad de la actual ley en la materia que, junto con las disposiciones de la reforma energética y la Ley de Hidrocarburos, podría favorecer el despojo de los ejidos de campesinos del país y la entidad.
Luz Carlos Moreno dijo que la iniciativa presentada el pasado 24 de octubre por el coordinador de morena en el senado permite al capital extranjero y nacional realizar despojos legales sobre las tierras de los ejidos y de las comunidades y sugirió que sean consultadas las asambleas y los pueblos originarios sobre las afectaciones, derramas económicas y conservación de recursos naturales o indemnización sustentable.
Aseveró que la propuesta afecta al sector que abarca 100 millones de hectáreas entre ejidos y comunidades (la mitad de territorio nacional), donde viven y laboran más de 25 millones de mexicanos. En este territorio se concentran muchos de los recursos naturales que todavía conservan el país y se cuentan 32 mil ejidos y dos mil comunidades indígenas, cuatro millones de titulares de derechos y 500 mil mujeres al frente del trabajo campesino y agrícola.
Detalló que la propuesta de Monreal Ávila abre la participación de empresas de energía en esas tierras, elimina facultades a la Procuraduría Agraria en materia de defensa de los ejidatarios y comuneros, que tierras ejidales de uso común pueden cederse para efectos mercantiles, elimina el recurso de revisión en materia procesal y solo deja como último recurso el amparo.
Ante miembros de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadores del Campo, el Consejo Supremo Indígena Otomí, la Central de Organizaciones Campesinas y Populares, Unidad de Fuerza Indígena y Campesina, entre otras, Engels López Barrios, de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, dijo que buscan ser escuchados porque lo que propone la ley impactará directamente en los campesinos.
Agregó que los trabajadores del campo tienen serias dudas sobre la propuesta de ley, que no desean que se repitan errores del pasado y que se detengan situaciones como el acaparamiento de tierras y ejidos y el que se destinen tierras agrícolas a usos diferentes, como en el caso del tren interurbano Toluca-México.
En la sesión de preguntas y respuestas los participantes se pronunciaron por la revisión a fondo de la iniciativa y contra las políticas para el campo de corte extractivista, por continuar con el reparto agrario, porque aún hay tierras por distribuir, por expropiar los latifundios existentes, modernizar las instituciones para el agro y el campo como la Procuraduría Agraria y los tribunales agrarios, un código de procedimientos agrarios, y en general una armonización de la norma con la Constitución Política, en esta materia.
