Ante malas prácticas en el sistema penitenciario estatal, piden su reestructuración
La legisladora Araceli Casasola dijo que debe promoverse una adecuada reinserción social.
A nombre del Grupo Parlamentario del PRD, la diputada Araceli Casasola Salazar propuso a la LX Legislatura exhortar a la Secretaría General de Gobierno y al titular de la Secretaría de Seguridad, Rodrigo Martínez-Celis Wogau, a llevar a cabo la planeación y reestructuración del Sistema Penitenciario estatal, con el fin de lograr la reinserción social del individuo en reclusión, promoviendo el trabajo, la capacitación y la educación para lograr su autosuficiencia.
El punto de acuerdo también llama a la colaboración con el Poder Judicial del Estado de México para establecer los mecanismos necesarios a fin de lograr más preliberaciones de personas sentenciadas por delitos no graves ni violentos y disminuir el hacinamiento.
En sesión deliberante, la legisladora puntualizó que persisten las malas prácticas de quienes operan el sistema carcelario y el inadecuado manejo de los recursos que el Estado otorga, porque son mínimos y se carece de lo esencial en cuanto a personal de custodia, así como de criminología, psiquiatría, medicina, enfermería, trabajo social, sociología y psicología que realmente ayude a una adecuada reinserción social.
Indicó que uno de los males del Sistema Penitenciario es el hacinamiento, ya que los penales fueron hechos para una cantidad de personas que ahora se ha superado, lo que, consecuentemente, ha traído problemas de violencia, corrupción, el tráfico de influencias y, en algunos casos, control interno en manos de personas en reclusión.
Además, enfatizó que la precariedad en que se encuentra el Sistema Penitenciario se vio reflejada en la evaluación del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, en la cual se obtuvo una calificación apenas aprobatoria de 6.21, que demostró que no hay avances.
Por lo anterior, consideró imperativa la reestructuración del Sistema Penitenciario y que las y los internos ejerzan un oficio certificado por dependencias oficiales, para que sea más rápida su incorporación a las actividades económicas una vez que cumplan sus condenas.
El punto de acuerdo fue remitido para su dictamen a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública y Tránsito.
