Bienestar de las comunidades y sustentabilidad deben orientar megaproyectos en Latinoamérica

El bienestar de las comunidades y la sustentabilidad de los territorios deben orientar la implementación de megaproyectos en Latinoamérica, afirmó el integrante de la Alianza Global por Alternativas a la Incineración (GAIA), Eduardo Giesen Amtmann, en la Universidad Autónoma del Estado de México.

Al participar en el foro “Megaproyectos y resistencias sociales”, expresó que el camino ideal es generar procedimientos participativos que tomen en cuenta las problemáticas y visiones de la iniciativa privada, el Estado y las poblaciones aledañas a donde se llevará a cabo un proyecto de alto alcance.

En la Facultad de Geografía, el especialista explicó que los megaproyectos en América Latina son implementados por el Estado, en coordinación, en la mayoría de los casos, con empresas privadas, principalmente multinacionales que han incursionado en diferentes partes del mundo.

Sostuvo que, en las últimas décadas, la iniciativa privada aumentó su poder económico y político frente a las naciones latinoamericanas y sus comunidades, lo cual ocasionó que los megaproyectos que implementan, con enormes impactos sociales y ambientales, tengan menos interlocutores para llevarse a cabo.

Detalló que existen al menos tres estrategias, a través de las cuales las empresas impulsan megaproyectos en territorios; por un lado, otorgan compensaciones a las comunidades donde se desarrollará un megaproyecto, las cuales pueden ser: la construcción de escuelas, áreas deportivas o mejorar servicios como la pavimentación de calles; “Es decir, las empresas reemplazan tareas que deberían hacer el Estado.”, explicó.

Del mismo modo, indicó que promueven las diferencias y los conflictos entre grupos dentro de las comunidades, con la finalidad de generar desgaste y que no se opongan a los proyectos que tienen planeados; por ejemplo, otorgan beneficios a una parte de la población.

Sin embargo, también amenazan y atentan de forma directa, contra miembros de las comunidades que se oponen a la implementación de un megaproyecto, estos casos son los más extremos y deben ser perseguidos por la ley, finalizó Giesen Amtmann.