Canacintra rechaza política de compra de medicamentos en el extranjero
*Alberto Dzib*
La organización señala que la decisión dañará inversiones y empleo en el sector farmacéutico y de insumos médicos.
Con la afirmación de que habrá una afectación grave a la industria farmacéutica y de insumos médicos, principalmente en materia de empleo, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en el Estado de México rechazó la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que permitirá al gobierno federal la compra en el extranjero de bienes y servicios para el sector salud.
Luego de que el Senado de la República aprobó la minuta para establecer los cambios al Artículo 1 de dicha ley, la presidenta de la organización, Imelda Meza Parrilla, aseguró que la posibilidad de que México adquiera fármacos y dispositivos médicos en el exterior, dañará las inversiones realizadas por el sector nacional y no necesariamente garantiza que se logre dar solución al desabasto que sostuvo, es consecuencia de la falta de planeación y pago a proveedores.
Aunque este viernes se dio a conocer que las empresas nacionales no quedarán del todo excluidas de la licitación de material médico y medicinas, la representante industrial indicó la reforma facilitará la compra discrecional, sin reglas, bases, procedimientos o lineamientos, lo cual deja fuera de competencia al sector mexicano.
Dijo que ello se suma a la crisis económica por la pandemia de COVID-19 que enfrenta la mayoría de las empresas en el país, pues las compras del gobierno representan uno de los principales motores de la economía, ante lo que se exigen políticas públicas orientadas a favorecer el desarrollo económico nacional.
Añadió que desde el sector industrial se estima que el nuevo mecanismo de adquisiciones para el sector salud, no es resultado de la pandemia, sino de una dinámica que desde 2019 ha sido recurrente en el gobierno federal en torno a la preferencia por asignaciones de contrario directas, lo cual se cree, puede resultar más costoso, agravar el problema de desabasto e impedir que se fiscalicen y transparenten los recursos utilizados para las compras.
