Chocan comuneros y advierten más violencia
*Melchor García*
La mañana de este lunes, las comunidades de Santa María Tepexoyuca y San Jerónimo Acazulco, del municipio de Ocoyoacac, chocaron en medio de una conferencia de prensa, intercambiando declaraciones y descalificaciones con relación a la construcción del Tren Interurbano México-Toluca (TIMT), ambos se reiteraron como legítimos propietarios de un predio, por lo que mantienen en conflicto la magna obra del Gobierno Federal.
Gustavo Olivares, director jurídico de la Central Campesina, convocó a los medios de comunicación para responsabilizar a los distintos órdenes de gobierno de la violencia que se ha ceñido en la comunidad, advirtiendo que la tensión se ha elevado los últimos días con riesgo, dijo, que todo se salga de control.
Señaló que la autoridad no ha sabido calmar el interés económico de San Jerónimo Acazulco, sobre los predios por los que transitará TIMT, pese a que es, dice, Tepexoyuca el legítimo propietario de la zona en conflicto.
“Estamos pidiendo la intervención del Gobierno del Estado de México, a través de la dirección de gobierno, para que tomen las cartas en el asunto; no queremos ningún lesionado más de ninguna de las comunidades.”, advirtió.
En tanto, mientras demandaba la intervención del gobierno de la entidad, la conferencia fue irrumpida por comuneros de Acazulco, quienes calificaron como mentira los dichos que se les señalaban; además de estos no pertenecían a ningún núcleo indígena originario, al tiempo de acusar al Gobierno Federal como el responsable de la agresión que recibieron el pasado 9 de octubre.
“El martes 9 de octubre fuimos reprimidos, estos golpeadores fueron enviados por el presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, disfrazados de trabajadores.”, declaró María de Lurdes Pérez, comunera de San Juan Coapanoaya.
Los pobladores de Tepezoyuca señalaron a Santiago Pérez Alvarado, abogado de la comunidad de San Jerónimo Acazulco, como la mente que ha orquestado estas protestas y conflictos en la búsqueda de recursos millonarios en demandas a la autoridad.
