Con casi 35 mil asuntos atendidos, PJEdoMéx consolida justicia laboral
El Poder Judicial del Estado de México avanza en la consolidación de la justicia laboral, mejorando el acceso y la rapidez en la resolución de conflictos entre trabajadores y empleadores. A casi cuatro años de que la justicia laboral funciona en sede judicial, la entidad se ha fortalecido como un polo de atracción a la inversión privada, pues prevalece la paz social y no se registra una sola huelga estallada.
Desde noviembre de 2020, el PJEdomex atiende los conflictos laborales en el territorio mexiquense, derivado de la transformación más importante del último siglo y para responder al Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá T-MEC. De ese año a la fecha, se han iniciado 34 mil 847 asuntos, de los cuales 17 mil 751 ya fueron solucionados, 52 por ciento por convenio.
Para la operación de este modelo de justicia, actualmente existen diez Tribunales; pues Lago de Guadalupe en Cuautitlán Izcalli y Toluca, iniciaron funciones este año. Además, el Tribunal Laboral Itinerante, único en su tipo a nivel nacional, que optimiza recursos materiales y humanos, acercando la justicia a las y los mexiquenses. De esta manera, el PJEdomex reitera su compromiso con la Reforma Laboral.
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La materia laboral es la que más utiliza el acceso en línea, ya que 28% de los asuntos se inicia en esta modalidad y con el expediente Electrónico Laboral – EXLAB – y la Firma Electrónica FeJEM, se asigna buzón electrónico, se reciben promociones y se gestionan audiencias remotas; facilitando el acceso a la Justicia y agilizando el proceso.
Desde que los conflictos colectivos se solventan en sede Judicial, se han atendido 781 pliegos de huelga y conflictos colectivos de naturaleza económica, y no se reportan huelgas en la entidad por diferencias entre sindicatos y empresas, gracias a la conciliación, incluso en tribunales.
La democracia sindical y justicia laboral fueron algunos de los temas que preocupaban a los socios del T-MEC, por lo que fue necesario emprender una serie de reformas legislativas a fin de que los poderes judiciales federal y locales atendieran la resolución de los conflictos obrero-patronales, que había estado por 100 años en las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
