¿Dónde están los recursos para las familias víctimas de feminicidio en el EdoMéx?
*Fernanda Rodríguez*
Luego de que el Gobierno de la 4T del Estado de México diera conocer que a las madres de víctimas de feminicidio durante el 2024 les fueron otorgadas 18 mil 417 medidas de protección a mujeres víctimas de delitos de género, ellas desmintieron dicha información.
Al contrario, las madres de víctimas de feminicidio y víctimas colaterales dieron a conocer que el gobierno mexiquense desde diciembre de 2023 se deslindó del pago del servicio de seguridad privada que les brindan como medidas de protección.
Asimismo, informaron los desplazamientos forzados de las familias víctimas de feminicidio a otras entidades del país. Acusan que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM) dejó de pagar las rentas de las casas donde fueron alojadas para su protección y seguridad, quedando expuestas a las amenazas que sufren por los allegados a los victimarios.
Esta situación ha causado que los arrendatarios pidan a los desplazados a que desocupen las viviendas, ya que son las familias de las víctimas a las que se les hacen firmar los contratos de arrendamiento, lo que ha desencadenado que las madres se manifiesten de manera constante en palacio de Gobierno del Estado de México, sin embargo, les prometieron que en 15 días van a solucionar dicha problemática.
Uno de los casos es el de Lorena Gutiérrez Rangel, madre de Fátima Varinia, asesinada el 5 de febrero del 2015, en la Lupita Casas Viejas, municipio de Lerma, quién tuvo que salir a las calles para exigir a las autoridades que hicieran su trabajo.
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Lorena es madre que tiene una lucha constante, un camino lleno de dolor, revictimización y negligencia por parte de las autoridades que debieron proteger a su familia, siendo ella una de las desplazadas, dos veces; la primera ocasión a Lerma, el mismo municipio donde su hija fue asesinada, pero debido a las amenazas de muerte ella, su esposo y su hijo menor fueron desplazados a Monterrey.
La vida de Lorena ha sido complicada, a partir del feminicidio de Fátima, quien comenzó a vivir la omisión, la indolencia, la corrupción, la impunidad del sistema de justicia, del Estado, de la sociedad, pues durante su estancia en Monterrey, Daniel Gutiérrez, hermano de Fátima, falleció por una negligencia médica ya que ningún hospital quiso atenderlo, el 24 de noviembre de 2019.
Las autoridades estatales informaron que de septiembre a diciembre de 2023 se tienen registro de 2 mil 996 atenciones de Canasta Alimentaria para Víctimas del Delito de Feminicidio y Desaparición, 2 mil 266 de Valentina “Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por los Delitos de Feminicidio y Desaparición y 77 de Reparación a Víctimas y Ofendidos del Delito de Desaparición.
Recursos que hasta el momento las madres de víctimas de feminicidio y víctimas colaterales no han recibido en su totalidad por lo que cuestionan al gobierno del Estado de México a dónde está realmente la partida presupuestal de estos programas para beneficio de las infancias en orfandad.
