EdoMéx tendría Ley de Austeridad antes de 2020: Maurilio Hernández
*Alberto Dzib*
Antes de 2020, el Estado de México podría tener su propia Ley de Austeridad basada en al menos tres rubros del manejo adecuado de recursos públicos, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política en la LX Legislatura local, Maurilio Hernández González, luego de que la Cámara de Diputados aprobara la Ley Federal de Austeridad Republicana.
Señaló que el Estado de México está obligado a armonizar su marco legal a la disposición recién aprobada, pero que no necesariamente debe realizarse una réplica del modelo federal, sino que se puede legislar con base en la realidad que enfrenta la entidad y en ese sentido, recordó que hay una iniciativa en la materia dentro del Congreso estatal que se espera, pueda desahogarse antes de que concluya el actual periodo de sesiones.
Comentó que en el estado se deben atender diversos factores con principios de austeridad, pero que además del ajuste presupuestal de las instancias públicas, se buscará que la ley estatal contemple la orientación de recursos a los rubros de mayor prioridad social y a su correcta aplicación del gasto, pues sostuvo que la austeridad no radica exclusivamente en recortes financieros.
“No solamente es el aspecto cuantitativo, que desde luego hay que buscar la reducción del gasto público, segundo, hay que garantizar la disposición del gasto a los temas de mayor prioridad y tercero, hay que garantizar la aplicación correcta y son elementos que se pueden conjugar perfectamente para que el resultado sea efectivamente que haya austeridad.”, dijo.
Pese a ello, Hernández González comentó que se espera que a partir de la ley estatal de austeridad, todos los funcionarios mexiquenses estén sujetos a ajustar su sueldo a fin de que no supere los 108 mil pesos mensuales que percibe el presidente de la República, independientemente de que hay un proceso judicial en curso para determinar la remuneración de servidores públicos.
Señaló también que se analizará cuidadosamente el lineamiento que prevé la restricción de que funcionarios con información privilegiada se desempeñen en empresas privadas en un plazo menor a 10 años, además de que en el Poder Legislativo se analizará un probable recorte adicional al de 350 millones de pesos que se redujeron para 2019.
