Ejidatarios piden intervención del GEM y Derechos Humanos para evitar despojo de tierras
*Alberto Dzib*
Ejidatarios de la comunidad de Salazar, en el municipio de Lerma, pidieron la inmediata intervención del Gobierno del Estado de México y los organismos de derechos humanos estatal y federal para evitar el despojo de sus tierras, pues aseguraron que desde hace años se les ha hostigado para arrebatarles los terrenos e incluso, desde el año pasado, hay 8 comuneros se encuentran en prisión, presuntamente por su resistencia ante los intentos de despojo.
En conferencia de prensa, alrededor de 20 habitantes de Salazar explicaron que fue desde el 30 de septiembre de 2016 cuando comenzaron los conflictos en el lugar, ya que una persona, de nombre Mario Alberto de León Venegas, llegó con un grupo armado para amenazar a uno de los vecinos para que cediera sus tierras a la compra, pese a que se trata de terrenos ejidales; por lo cual, los habitantes se defendieron y evitaron el abuso.
Fabiola Vilchis, hija de una de las personas presas, señaló que justo un año después, el 31 de agosto de 2017, llegó al poblado un grupo de alrededor de mil 500 elementos de seguridad estatal y federal con una carpeta de investigación con diversas irregularidades, en la que se responsabilizaba a los comuneros de lesiones, robo con violencia y despojo hacia quienes, en su momento, intentaron apoderarse de las tierras comunales.
Después de ello, relató que los elementos de seguridad privaron de su libertad a tres mujeres y 5 hombres, sin justificación alguna u orden directa de aprehensión; por lo que pidió al titular del ejecutivo mexiquense, Alfredo del Mazo, revisar el caso y apoyar a la comunidad para que sus vecinos sean liberados, y también que se evite el robo de tierras que pertenecen a sus familias desde el siglo XIX.
“Exigimos la liberación inmediata de nuestras 3 presas y nuestros 5 presos que hoy están en Santiaguito, eso es lo que exigimos; exigimos una mesa de diálogo con el gobierno estatal, con el gobierno federal para solucionar también el conflicto agrario.”.
Fabiola Vilchis refirió que el día de la detención de los 8 comuneros, el anterior secretario general de gobierno, José Manzur Quiroga, declaró, ante un medio nacional, que la intervención de fuerzas armadas en el lugar tuvo que ver con que, los hoy presos, incurrieron en oposición a la obra pública; aunque hasta el momento no existen indicios de que se pretenda realizar algún tipo de infraestructura estatal y en contraste si el interés de particulares por hacer conjuntos residenciales, pues ya en el poblado de al lado se encuentran ranchos de empresarios y políticos mexicanos y a parecer el espacio no es suficiente.
“Ya se acabaron la Cañada, entonces nosotros como pueblo colindante ya les estorbamos, ya van para allá, ya van extendiéndose.”.
Los comuneros manifestaron su inconformidad y suspicacia en torno a las detenciones y falta de intervención legal del gobierno, en el entendido de que la detención de los 8 vecinos coincidió con que tres días antes se falló a favor de la comunidad, con la emisión de un amparo que contempla la defensa de las tierras ejidales y la prohibición de que estas pudiesen ser puestas a la venta.
