FGJEM aclara dudas a diputados sobre iniciativa para combatir extorsión al comercio
*Manuel Luna*
Durante la sesiones de trabajo de la Comisión de Procuracion de Justicia, se presentaron los alcances que en materia de delitos contra la colectividad, la economía y el consumo, la Fiscalía General de Justicia de la entidad (FGJEM), busca combatir nuevas formas delictivas como la extorsión.
De acuerdo con Maricela Xicoténcatl, fiscal central jurídica detalló que en la actualidad en la entidad existen personas que se hacen pasar como integrantes de grupos delictivos, los cuales exigen a los productores vender su mercancía al precio y a las personas que les dicen, mientras que a los comerciantes les piden adquirir productos con proveedores específicos y al precio que les establecen.
Los afectados ven vulnerada la oportunidad de denunciar estos actos, dado que son amenazados con dañar a sus familiares y sus propios negocios.
Por su parte, Rubén Cárdenas, subdirector de Normatividad y Consulta detalló que buscan que este delito tenga una penalidad de 6 a 10 años de prisión, y una multa de mil a mil 500 UMAs, para impedir que se genere una competencia desleal, una distorsión de mercado o un alza de precios, y así no inducir y provocar en la compra de determinados bienes o productos que son requeridos por los pequeños comerciantes.
Se establece además un agravante en dos supuestos, “el primero: sí participan dos o más personas de tres a cinco y si en la comisión de este delito se utiliza violencia o es ejercido por sujetos que sustente como un grupo organizado de la delincuencia, y finalmente en el artículo 199 ter se establecen los elementos normativos que se va a entender por competencia desleal, por distorsión de mercado, y por unidad económica”.
En su oportunidad Elvira Salgado, fiscal especializada, resalto la importancia para legislar en el tema para combatir los “delitos y las vicisitudes que tenemos día con día, cuando están implicados los grupos criminales que tenemos en la región” ante la falta de denuncia por temor a que le pase algo a su familia.
Con ello la Fiscalía no dependerá solo del testimonio, sino de a través de una prueba con un análisis de mercado sobre lo que pasa en una comunidad o en una localidad determinada, respecto al alza de precios desproporcionada, lo que permitirá iniciar una investigación.
Lo que pasaría con la aprobación de ese tipo penal es que había competencia por parte de la Fiscalía para sacar el tema, puntualizó.
