Intransitables los 43 mil mdp de deuda solicitados por gobierno mexiquense: Maurilio Hernández
*Alberto Dzib*
El presidente de la Junta de Coordinación Política, en la LX Legislatura del Estado de México, Maurilio Hernández González, consideró que el financiamiento de 43 mil millones de pesos solicitado por el gobierno de la entidad, para la ejecución de tres proyectos de obra pública, es inviable y se debe revisar.
Tras mencionar que la iniciativa ingresada por el Ejecutivo mexiquense hace dos semanas ya se encuentra en análisis de comisiones legislativas, el también coordinador de la bancada de Morena consideró que la cifra forma parte de un error, ya que los 15 mil millones para los penales que se pretenden construir en Otumba e Ixtapaluca y los 13 mil millones de pesos para la rehabilitación de una red carretera al sur de la entidad constituirían un monto escandaloso.
Señaló que los diputados locales tienen otros datos respecto a lo que se está solicitando para invertir en los proyectos, pero que, dada la confusión que se ha generado, habrá una revisión profunda al respecto, ya que estas obras son necesarias tanto para mejorar las vías de comunicación del sur mexiquense y para despresurizar los centros penitenciarios del estado, que hoy están sobrepoblados.
“Tenemos entendido que no es en esa proporción, eso sería intransitable desde luego, pero habría que revisar; yo creo que el fondo hay que atenderlo, el cómo eso es lo que tendría que resolver la Legislatura.”, aseveró.
A efecto de esclarecer el monto requerido para los tres proyectos, Hernández González comentó que se solicitará la presencia de personal de la Secretaría de Finanzas para que exponga ante los integrantes de comisiones legislativas los proyectos y el monto que requerirían para su inversión, y que se espera no sea de 43 mil millones de pesos más IVA, como hasta ahora se ha manejado.
De acuerdo con la propuesta enviada al pleno por el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, de aprobarse el financiamiento, los tres proyectos de obra pública se realizarían a través de la figura de Asociación Público Privada (APP), razón por la que su inversión, operación y mantenimiento estaría a cargo de particulares, durante 25 años para el caso de los penales y de 12 años para la red carretera del sur.
