Jueces inician paro nacional; acusan que la corrupción está en policías y Fiscalías
*Redacción Diario Evolución*
Desde el primer minuto de este miércoles 21 de agosto, jueces y magistrados de todo el país iniciaron oficialmente el paro nacional contra la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sumándose a los trabajadores que suspendieron labores desde el lunes. Se suspenden actividades en todos los órganos del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Tanto en San Lázaro como en los juzgados ubicados en los 32 estados del país, jueces y magistrados se reunieron para protestar contra la reforma que ya comienza a discutirse en el Pleno de la Cámara de Diputados. En el Estado de México, se sumaron a la suspensión 131 juzgadores en los Distritos Judiciales de Toluca, Nezahualcóyotl y Naucalpan.
Mediante pancartas y con los celulares prendidos, los jueces que se reunieron en la sede de San Lázaro del Poder Judicial, expresaron su preocupación por las implicaciones de la reforma. Algunas de las pancartas que mostraron manifiestan que la corrupción no proviene de los jueces, sino de las Fiscalías que no otorgan las pruebas suficientes para encarcelar a los delincuentes responsables; otros mencionan que los policías también son parte de la corrupción.
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Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), expresó su preocupación por la reforma, describiéndola como una amenaza para la estabilidad del país.
Señaló que la independencia judicial es fundamental para confiar en las instituciones, protección de los derechos humanos y el mantenimiento de un sistema democrático. Advirtió que si la reforma sigue adelante, el poder se concentraría en pocas manos y convertiría la justicia en un instrumento de opresión.
El paro nacional fue presentado como una respuesta legítima para defender la independencia judicial y garantizar que la reforma sea desechada para colaborar en la construcción de un sistema de justicia integral. La JUFED manifestó que la suspensión de actividades no constituye delito, ni motivo de juicio político o responsabilidad administrativa.
A.C.
