Legislatura mexiquense mantiene denuncia contra actos vandálicos en sede
*Alberto Dzib*
La denuncia contra los probables responsables de actos vandálicos en la sede del Poder Legislativo mexiquense durante la manifestación del pasado 13 de febrero, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández González, tras señalar que no debería permitirse impunidad ante un acto que se considera, fue premeditado.
Aunque miembros del movimiento “No al Tarifazo” exigieron a los diputados desistir de la denuncia y no criminalizar su rechazo al aumento en el pasaje, el legislador dijo que es responsabilidad del área de Administración proteger el patrimonio legislativo y en consideración de que sí hubo daños y los presuntos responsables están identificados, no se ve que haya un exceso en la presentación de la denuncia.
“La Legislatura tiene toda la facultad de proteger los bienes de la misma, los bienes de la Legislatura fueron violentados, fueron vandalizados, se tiene desde luego localizados a quienes lo hicieron y es obligación en este caso del área administrativa de proceder en virtud de que si no se le fincan responsabilidades, o sea que no es de ninguna manera un exceso ni mucho menos, es cumplir simplemente con lo que marca el protocolo y la ley.”, dijo.
Resaltó que existe la posibilidad de que el Poder Legislativo se desista de la denuncia, sin embargo, dijo que por ahora, ésta seguirá su curso pues se cree que los responsables estaban preparados para vandalizar y lo hicieron aun cuando una comisión de integrantes se reunió con personal de la Legislatura para plantear las demandas.
“Claro que hay la posibilidad de hacerlo, pero finalmente tendríamos nosotros también que ver, bueno pues no podemos seguir permitiendo la impunidad, finalmente se causaron daños, claro que sí y no podemos pretender cerrar los ojos para decir que no pasó nada, sí paso algo.”, refirió.
Hernández González consideró que el daño a la fachada de la Cámara de diputados del estado se desvió de la exigencia y podría tener intereses políticos detrás, ya que los legisladores han expresado su rechazo al incremento en la cuota de transporte público, pero no son ellos sino el gobierno estatal a través de la Secretaría de Movilidad, el responsable del ajuste.
