Legislatura mexiquense prevé exhortar a ayuntamientos que aún no integren sus sistemas municipales anticorrupción
*Alberto Dzib*
Tras el sobreseimiento del amparo en contra de la inclusión de municipios en los Sistemas Estatales Anticorrupción, el presidente de la Junta de Coordinación Política, en la LIX Legislatura del Estado de México, Miguel Sámano Peralta, informó que se revisará el nivel de cumplimiento de los ayuntamientos sobre la integración de sus Comités Municipales Anticorrupción para exhortarlos a cumplir con la ley estatal, si aún observan retrasos.
En este sentido, dijo que se hará un análisis del avance que tienen los 125 municipios de la entidad para llamarlos de manera respetuosa y no vulnerar su autonomía, a cumplimentar lo que establece la ley estatal del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, a propósito de atender la demanda de rendición de transparencia, redición de cuentas y buen manejo del dinero público que promueven los mexiquenses.
“Estaremos por su puesto revisando y su hubiera algún retraso, por supuesto que los estaremos exhortando de manera respetuosa”.
A decir de Sámano Peralta, después de esta acción, se mantendrá seguimiento sobre el avance de los municipios en la concreción de sus Sistemas Municipales Anticorrupción para que se consiga la integración en los 125 ayuntamientos como se marca en el Sistema Estatal.
“En ese sentido le estaremos dando seguimiento porque es un tema que nos interesa muchísimo pero fundamentalmente que es en beneficio de los mexiquenses”.
De acuerdo con el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, José Martínez Vilchis, hasta febrero de este año, los municipios más avanzados en la integración de sus comités son Toluca, Naucalpan y Metepec.
Vale recordar que el Estado de México, es la única entidad de la República que integró a los municipios en su Sistema Anticorrupción, por lo que el Comité de Participación ciudadana del sistema Nacional anticorrupción (SNA) interpuso un amparo en contra de la determinación con el argumento de que así se vulneraría la autonomía constitucional de los municipios.