Mayor esfuerzo para atender a desplazados y refugiados: Zeferino Ladrillero

El Estado mexicano debe hacer un mayor esfuerzo para atender a miles de personas refugiadas y aquellas forzadas a desplazarse de sus territorios, así lo afirmó el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”.

El abogado José Antonio Lara Duque indicó que estas personas se encuentran en un sector vulnerable de la población, que –producto de conflictos, persecuciones o eventos que perturbaron el orden público– han salido de sus territorios para garantizar, incluso, la vida.

El cofundador del colectivo agregó que “datos oficiales revelan que el desplazamiento forzado afecta a más del uno por ciento de la humanidad –una de cada 97 personas– mientras cada vez menos personas desplazadas pueden retornar a sus hogares de origen”.

Las personas consideradas como “desplazadas” esperan del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador una solución rápida entre su difícil situación, grupos que provienen de diversas partes del mundo que intentan llegar a los Estados Unidos, pero sobre todo a núcleos nacionales.

“No se puede esperar que las personas vivan en un estado de incertidumbre, sin la posibilidad de volver a casa, ni la esperanza de construir un futuro en el lugar donde pudieran encontrarse ahora. Necesitamos una actitud nueva y receptiva hacia las personas desplazadas, junto con un impulso decidido para resolver conflictos que duran años y que están en la raíz de un sufrimiento tan inmenso”, expresó.

Este fenómeno “es una violación autónoma a los derechos humanos; el desplazamiento forzado representa una violación compleja, debido a la vulneración agravada a múltiples derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales entre otros más.

“La violencia, la desigualdad, la pandemia, el abasto de alimentos, los empleos precarios, la educación, son algunos de los tópicos que explican el desplazo de grupos de personas al interior de nuestro territorio”, señaló.

Añadió que el fenómeno que se vive, particularmente, en territorios como Chiapas, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Baja California, Oaxaca o Sinaloa, son ya similares —en número— como los casos registrados a partir de conflictos armados como en Siria.

Esto es un llamado importante a los integrantes del Congreso de la Unión para que analicen una nueva forma de atender esta problemática que afecta a más de 80 millones de personas en todo el mundo, sostuvo.