Modificaciones al Código Administrativo Estatal afecta a transportistas por igual no solo a líderes “abusivos”; denuncian

Alberto Dzib

Trabajadores y concesionarios del transporte público en el Estado de México, expresaron nuevamente su inconformidad con las modificaciones que se están realizando a nivel estatal para la prestación del servicio, pues puntualizaron que sus intereses como gremio se ven severamente afectados con las nuevas disposiciones y ante ello, solicitan atención por parte de los diputados locales y una audiencia con el gobernador Eruviel Ávila Villegas.

Aunque recientemente el secretario de movilidad de la entidad, Isidro Pastor Medrano, aseveró que la inconformidad expuesta hacia las modificaciones, se desprendía de líderes abusivos que veían así el fin de sus conductas ilegales, Adriana Torres, representante de una organización transportista, negó tal afirmación y dijo que todas las familias que se dedican a la prestación del servicio se ven dañadas y no solo las cabezas del gremio.

Argumentó que el total de los beneficios que podían obtenerse para sostener a sus familias y garantizarles un patrimonio a través del transporte público serán eliminados, sin embargo, no mencionó cuáles son las disposiciones que desde su perspectiva dañarían la calidad laboral de los transportistas y se abstuvo de hablar más al respecto.

“Estipula varios cambios que vienen a perjudicar intereses de los agremiados, en éste caso de los titulares de las concesiones, sería todo, gracias”.

Los demás transportistas, dijeron que de manera general la concesión única, mediante la cual los transportistas deben constituirse como sociedades mercantiles es el factor que afecta al sector, independientemente de que la autoridad ha asegurado que los derechos de los concesionarios no están amenazados con ésta reglamentación.

Por eso, pidieron que a partir de las audiencias con los legisladores locales y el titular del ejecutivo estatal, esperan que la constitución del libro séptimo del Código Administrativo Estatal pueda ser diseñada en conjunto con los transportistas para evitar que existan afectaciones a su trabajo y al servicio que dan a la ciudadanía ya que aseguraron que el problema no es solo de los que operan el transporte, sino también de la autoridad.