Necesario garantizar el derecho al consumo en el contexto del COVID-19: Jorge Olvera
La crisis sanitaria actual es una oportunidad para realizar un cambio profundo sistémico hacia una economía sostenible, pues el COVID-19 ha enfatizado las relaciones entre las personas y la naturaleza, por ello debemos hacer un cambio social y resaltar el papel de la educación privada, que debe ofertar los bienes y servicios a los consumidores, quienes están colapsados por la pandemia, expresó el ombudsperson mexiquense Jorge Olvera García, durante el foro “El derecho al consumo”.
“La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) hace un llamado a las instituciones privadas de educación para ser sensibles, solidarias, fraternas y para que muestren reciprocidad, a fin de que los colegios privados tengan acuerdos con padres de familia y establezcan mecanismos de operación necesarios para que las familias no sufran una merma más en su economía”, ya que es el momento de solidaridad y corresponsabilidad social de quienes ofertan educación en todos sus niveles.
Frente a la crisis sanitaria y la necesidad de decretar cuarentena o confinamiento, los gobiernos están obligados a garantizar los derechos humanos, entre los que se encuentra el derecho al consumo, afirmó el ombudsperson, en el marco del Seminario Internacional “El asedio de la pandemia COVID-19 a los Derechos Humanos: desafíos mundiales para el estado constitucional.”
Advirtió que los mercados emergentes y las personas consumidoras vulnerables enfrentan los mayores riesgos del impacto inmediato sobre la salud, la mortalidad y la recesión económica; por ello, dijo, ante la pandemia que azota a las sociedades y la economía, debe darse prioridad a los derechos de los consumidores y su salud, así como a transitar hacia el consumo y la producción sostenibles.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, aseguró que “hoy más que nunca, se debe garantizar que todas las personas puedan satisfacer las necesidades reconocidas por las Naciones Unidas como fundamentales: salud, alimentos y productos básicos, finanzas y conectividad”.
Participando como integrante de la Red Internacional de Estudios Constitucionales (RIEC), al lado de investigadores y académicos de universidades de Brasil, Colombia, España, Francia, Venezuela y México, Jorge Olvera destacó que los efectos de la pandemia de COVID-19 están aquejando desproporcionadamente a quienes viven con enfermedades, con trabajos informales, sin acceso a Internet, en viviendas inadecuadas y con nulos ahorros o ahorros limitados, entre otras circunstancias.
Por esta razón, afirmó, la protección de las y los consumidores se constituye en una herramienta para ayudar en momentos como éste y debe buscarse la forma de reconstruir mercados seguros, justos, sostenibles y resistentes para todas las generaciones. En este contexto, enfatizó, el derecho a la protección de la salud demanda que los servicios médicos, la sensibilización y la implementación de medidas preventivas cuenten con recursos urgentes para garantizar el acceso de todas y todos.
Olvera García explicó que es fundamental crear mecanismos para reducir el costo del tratamiento médico básico, las investigaciones y las vacunas, además de facilitar un seguro médico para las personas en situación de pobreza; amén de que los productos que ayudan a los consumidores a protegerse del COVID-19 deben ser asequibles y estar disponibles.
Por lo anterior, recomendó permitir temporalmente los acuerdos de cooperación necesarios para garantizar el suministro y distribución de productos a todos los consumidores a fin de evitar la escasez, principalmente de insumos esenciales como desinfectantes, máscaras protectoras y gel antibacterial; su venta debe ser monitoreada de cerca para asegurar su disponibilidad y, si es necesario, establecer precios tope temporales para proteger la salud de las y los consumidores.
En el caso de los alimentos y productos básicos, expresó que las y los consumidores están enfrentado escasez y aumento de precios, lo cual está causando un gran perjuicio a las familias: “las cadenas de suministro se enfrentan a interrupciones como resultado de compras de pánico y la caída de la capacidad de producción, escenario que pone en riesgo el derecho al consumo.”
El presidente de la Codhem añadió que las personas consumidoras, especialmente las que se encuentran en situación de vulnerabilidad, deben poder acceder a alimentos seguros y saludables, recibir apoyo para satisfacer necesidades básicas y obtener moratorias en los pagos de préstamos, intereses y otros cargos; para lo cual es necesario realizar esfuerzos adicionales que faciliten el acceso a servicios financieros y brinden protección ante prácticas injustas o fraudulentas.
En este sentido, señaló, es medular hacer cumplir la legislación y aplicar las sanciones vigentes a quienes cobran precios excesivos o causan escasez artificial; “es urgente invertir en el cambio, hacia un modelo de consumo y producción sostenibles, además de la implementación de paquetes integrales de estímulo nacional y asegurar así una recuperación económica, que vele por el derecho al consumo, en un marco de legalidad, justicia y equidad”, concluyó.
