Pide asociación de abogados aprobación urgente de Ley de Amnistía en EdoMéx
*Alberto Dzib*
Aunque el próximo jueves se cumplirá apenas una semana de que la Legislatura del Estado de México recibió dos iniciativas para la creación de la Ley de Amnistía a nivel estatal, representantes del Foro de Abogados Progresistas de la entidad pidieron a los diputados locales acelerar la discusión y aprobar la medida a más tardar el próximo jueves.
Pese a que tampoco en otras entidades hay avances en las leyes locales de amnistía, Juan Carlos González Díaz, presidente de la asociación de estos abogados destacó que el segundo artículo transitorio de la Ley Federal, establece que las leyes locales deberán integrar delitos similares a los que ésta contempla por lo que no se ve razón para demorar la discusión y avanzar en su aprobación cuanto antes
Dijo que además de la necesidad de que se corrijan injusticias hacia personas que han sido encarceladas por delitos menores, la entidad tiene un problema grave en sobrepoblación de centros penitenciarios, por lo que debe haber una despresurización y se espera en ese sentido que la aprobación de la ley no demore e incluso pueda aprobarse esta semana.
“Ya se retardaron, yo creo que ahí más que los delitos, lo que urge es que ya se publique para despresurizar las cárceles; ya no debería de pasar de esta semana, yo creo que inclusive ya hasta se tardaron, ya lo han dejado pasar mucho.”, puntualizó Carlos González Díaz.
A nombre de la asociación, comentó que también hace falta que la Ley de Amnistía en el Estado de México esté acompañada de un estudio o una estimación de las personas que podrían acceder al beneficio ya que a diferencia de la legislación federal que fue aprobada el pasado 20 de abril, a nivel local no se ha hablado de un estimado de personas privadas de la libertad que podrían obtener amnistía.
Agregó que, desde el punto de vista de los abogados, la legislación en la materia debe otorgar amnistía a las mujeres sentenciadas por aborto, personas que hayan delinquido por pobreza o tengan alguna discapacidad permanente, indígenas que hayan cometido delitos no graves y personas acusadas por delitos políticos, además de limitarla a quienes sean reincidentes o hayan cometido delitos graves.