Poder Judicial del EdoMéx buscará impulsar nuevo tipo penal de extorsión
*Alberto Dzib*
El presidente del TSJEM, dijo que con esto se busca proteger a los empresarios de amenazas de la delincuencia organizada que limiten su derecho al libre mercado.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi Cuéllar, informó que el Poder Judicial mexiquense trabajará en la elaboración de una propuesta para crear el tipo penal de extorsión equiparada, frente al fenómeno del crimen organizado que obliga a empresarios a comprar a un sólo proveedor o pagar derecho de piso.
Durante una reunión con miembros del Consejo Coordinador Empresarial del estado (CCEEM), el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Ricardo Sodi Cuéllar señaló que, si bien existe el tipo penal de extorsión, desde el ámbito judicial se considera que éste no es suficiente para atender las características del fenómeno referido.
Subrayó que hasta ahora no se tiene un dato puntual de la frecuencia con la que ocurre este fenómeno delictivo, en el que se amenaza a empresarios para que compren o vendan productos a proveedores específicos, pero que se trata de un problema real, referido por los propios dueños de negocios y es necesaria una figura jurídica que se adecue al tipo de delito.
“He tenido denuncias o comentarios de muchos empresarios en todo el estado, de que sufren ese tipo de amenazas o extorsiones, ellos denuncian por extorsión porque es lo que hay, pero la extorsión, del tipo penal como tal es insuficiente para encuadrar una conducta de esta naturaleza”, dijo.
El presidente del Tribunal Superior de Justica dijo que, para el proceso de diseño de la iniciativa de reforma penal, se consultará al sector empresarial para recoger sus opiniones y construir una iniciativa integral que se presente al Congreso mexiquense, en donde se espera que se revise y en su caso apruebe.
Agregó que el nombre del tipo penal puede variar y no ser necesariamente extorsión equiparada, pero que el objetivo es proteger el derecho de los mexiquenses al libre acceso al mercado con un dispositivo que comprenda la sanción a las distorsiones de mercado impulsadas por grupos delincuenciales.
