Propone Morena eliminar privilegios de magistrados mexiquenses
*Alberto Dzib*
Con el señalamiento de que ningún servidor público debe gozar de privilegios no previstos por la ley, el grupo parlamentario de Morena presentó en el Congreso del Estado de México, este martes, una iniciativa de reforma para reducir la duración del cargo de magistrados y eliminar el haber de retiro que permite a estos funcionarios percibir su sueldo durante los 5 años posteriores a la terminación de su responsabilidad.
Alfredo González González, diputado impulsor de la iniciativa, destacó que, con 15 años previstos por la ley, los magistrados mexiquenses ostentan la duración más larga en el cargo a nivel nacional y que su haber de retiro le da la posibilidad de que al terminar el período reciban su sueldo íntegro durante el año posterior y 80% durante los siguientes 4 años, lo cual consideró injusto, frente a las condiciones laborales que aplican para los demás servidores públicos del estado.
Por ello, destacó que la propuesta de reforma a la Constitución del estado y a la Ley Orgánica del Poder Judicial mexiquense busca evitar que los magistrados estatales gocen de criterios laborales sin sustento y se alineen a las previsiones de seguridad social de la Ley del ISSEMyM a las que están sujetos todos los servidores públicos de la entidad.
“Se pretende en esta reforma recordar al magistrado que, pese a tener un rango superior, tiene la condición laboral de servidor público y que posee los mismos derechos en materia de seguridad social que cualquier trabajador del estado y no deben constituirse excepciones ni privilegios.”, informó.
De aprobarse la propuesta legislativa, los magistrados del Estado de México durarían 6 años en el cargo, con posibilidad de reelección por un período más que deberá aprobar la legislatura, siempre que se aprueben los exámenes necesarios y se demuestre una trayectoria intachable; además que, una vez concluido el tiempo, dejarían de percibir sueldo y accederían únicamente a su pensión.
Cabe señalar que la reforma también prevé modificaciones en la operación de la Escuela Judicial del Estado de México, con la propuesta de que el director de la institución sea nombrado con base en una terna aprobada por la Legislatura local, ya que actualmente su nombramiento se realiza a criterio de los miembros del Consejo de la Judicatura.
