Se requieren acciones para evitar abuso y arbitrariedad de la autoridad: CCEM
Para garantizar la sanción a actos de corrupción de las autoridades estatales y municipales, los cuales en la actualidad tardan en ser castigados por trámites burocráticos, el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEM) propuso una reforma al Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad que incluye incorporar la oralidad en los juicios e instrumentar la carrera judicial en la designación de su personal.
La presidenta del CCEM, Laura González, detalló que esta reforma, que será planteada a los diputados y diputadas locales en la próxima presentación de su agenda económica legislativa, esto implica simplificar los trámites estipulados en el Código de Procedimientos Administrativos, lo cual incorporaría el mecanismo de resolución oral, que a su vez permitiría a los ciudadanos ser escuchados por los magistrados del citado Tribunal, con lo cual las sentencias deberán ser inmediatas.
Además, el ajuste legal que propone el CCEM incluye crear la carrera judicial para otorgar los cargos de magistrados, secretarios y personal de actuación, esto mediante distintas capacitaciones y exámenes.
También se pide aumentar los recursos al Tribunal de Justicia Administrativa y mejorar sus instalaciones para garantizar la legalidad en todos los actos administrativos.
En conferencia de prensa, la presidenta del CCEM señaló que las reuniones con integrantes del Congreso local reiniciarán esta semana e incluyen una agenda integral que contempla la simplificación administrativa y mejora regulatoria, destinar presupuestos para la rehabilitación de vialidades, inclusión de empresas locales en compras y licitaciones estatales, la reingeniería de las Secretarías del Campo y Desarrollo Económico, y la revisión de impuestos estatales.
González Hernández indicó que un punto prioritario será revisar con el Congreso local las normas para las verificaciones e inspecciones administrativas, lo cual está relacionado con la serie de modificaciones para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.
La representante empresarial advirtió que deben evitarse excesos, arbitrariedades, injusticias, multas injustificadas y corrupción por parte de las entidades verificadoras administrativas, pues esto provoca la indefensión a dueños de establecimientos comerciales y negocios.
Detalló que entre las ambigüedades que ocurren en dichas verificaciones administrativas están asuntos que recaen en temas absurdos e ilógicos.
González Hernández recordó que todo acto de verificación o inspección administrativa, de existir inconformidades de los particulares, termina en el citado Tribunal, pero si este órgano no es sólido se pierde certeza sobre la defensa de los ciudadanos.
En este contexto, comentó que la propuesta de reforma al Tribunal de Justicia Administrativa tiene como principal objetivo la defensa efectiva de los derechos ciudadanos frente a los abusos de las administraciones públicas.
“También debiera sancionar con efectividad y prontitud los actos de corrupción cometidos por los servidores públicos del estado y de los municipios, queremos que se cumpla a cabalidad este objetivo”, indicó la representante empresarial.
Sin embargo, González Hernández indicó que la problemática actual del referido Tribunal registra trámites complicados y burocráticos, lo cual inhibe el acceso a la justicia pronta y expedita para los ciudadanos afectados por un acto administrativo de las autoridades estatales y municipales.
“Hoy por hoy emitir un simple acuerdo en este Tribunal se demora entre dos y hasta seis meses, y el promedio de duración de los juicios es de hasta tres años y en algunos casos más”, expresó.
A esto se suma la falta de recursos para atender con calidad y eficiencia a los ciudadanos afectados.
En su oportunidad, Marco Antonio González Castillo, integrante del Consejo Consultivo del CCEM, comentó que la intención de estas reformas también consiste en alentar la creación de empleos e incentivar la actividad económica del Estado de México, por ello se requiere trabajar de manera conjunta con el Poder Legislativo.
