Urgen acciones para evitar desaparición de lenguas Matlatzinca y Tlahuica
La nueva Ley de Educación del Estado de México es una gran oportunidad para impulsar la enseñanza bilingüe indígena, abatir el rezago de los pueblos originarios y aprovechar tecnologías como el internet para el aprendizaje, coincidieron el diputado Abraham Saroné Campos (Morena) y la diputada Karla Aguilar Talavera (PRI), al pronunciarse por acciones urgentes que eviten la desaparición de las lenguas originarias matlatzinca y tlahuica.
En el octavo foro de consulta para la Ley de Educación con los pueblos originarios Mazahua, Otomí, Nahua, Matlatzinca y Tlahuica, y con personas con discapacidad, el diputado Abraham Saroné, presidente de la Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, llamó a las y a los legisladores a vigilar el cumplimiento a la obligación del Estado de brindar educación bilingüe, particularmente español-matlatzinca y español-tlahuica y ofreció plasmar las propuestas recabadas en cada foro en la nueva Ley de Educación.
En presencia de Eduardo Rosales Gómez, presidente del ayuntamiento indígena de San Juan Atzingo; Felipe González Zamora, presidente del Consejo de Ancianos, también llamó a vigilar los recursos para la educación indígena e inclusiva y sostuvo que la brecha de desigualdad, debido a la pobreza y la discapacidad, abonan a la deserción escolar y al rezago educativo, por lo cual llamó a trabajar de forma conjunta, Ejecutivo, Legislatura y ciudadanía para consolidar el aprendizaje de las lenguas maternas desde la familia, donde también deben reforzar sus tradiciones y cultura.
En la Comisaría de Bienes Comunales de San Juan Atzingo, municipio de Ocuilan, la diputada Karla Aguilar sostuvo que el Estado de México es la quinta entidad del país con mayor número de pueblos originarios y que la nueva Ley de Educación es una gran oportunidad para abatir el rezago de las comunidades, pues los pueblos originarios del siglo 21 deben ser capaces de aprovechar tecnologías como el internet para ser más productivos, aprender y hablar con orgullo sus lenguas originarias.
En presencia también de Mireya Preciado Romero, visitadora general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y de Citlali Encarnación Medina, directora de Asuntos Indígenas de Ocuilan, sostuvo que con la participación de los pueblos originarios será posible conjuntar una ley a su medida, acorde a su realidad y que les otorgue herramientas para competir en un mundo global.
Eduardo González Gómez, presidente del ayuntamiento indígena de San Juan Atzingo, llamó a fortalecer la enseñanza de las lenguas originarias, pues de acuerdo con el Censo 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el Estado de México habitan 308 mil 587 hablantes de tres años o más de alguna lengua indígena; el Pueblo Mazahua representa la mitad con 132 mil 710 personas; Otomí, 106 mil 534; Nahua, 71 mil 338; Tlahuica con 2 mil 178 personas y Matlatzincas, con mil 76.
En sus intervenciones, Raúl Raymundo Merejildo, jefe Supremo Tlahuica, y Citlali Encarnación, entre otros representantes de la etnia Tlahuica, se manifestaron a favor de crear el Departamento de Atención Indígena que forme, certifique y actualice docentes, integrar opiniones del magisterio en los planes y programas de estudio de las lenguas maternas y la instauración de las normales bilingües interculturales.
Expresaron que la enseñanza bilingüe debe ser obligatoria y que se deben editar libros de texto y material didáctico con traducción tlahuica, creación de preescolares bilingües, además de proponer la construcción del Centro Ceremonial Tlahuica para difundir su cultura y rituales tradicionales, para el que ya cuentan con el terreno, además de instaurar el Día Estatal de la Educación Indígena con el fin de realizar ceremonias y conmemorar sus tradiciones.
Entre otras propuestas, plantearon el desarrollo de una red social oficial traducida al Tlahuica, traducir las páginas oficiales para inscripciones o tramitar becas, certificaciones de docentes en materia de derechos humanos y que las autoridades educativas rindan informes al iniciar y concluir el ciclo escolar sobre sus acciones en favor de los pueblos originarios.
