Urgen políticas públicas que garanticen la reinserción social de quienes salen de prisión
Formular políticas públicas para lograr la reinserción social postpenitenciaria, sensibilizar a los sectores productivos para generar empleo a quienes cumplieron sentencia o fueron preliberados, dotarles de identificación oficial, tener estándares penitenciarios homologados y contar con una política de excarcelación, fueron algunas de las propuestas presentadas por académicos, expertos y servidores públicos en la mesa de trabajo sobre Organismos protectores de derechos humanos y el sistema postpenitenciario, efectuada en el Segundo Congreso Nacional Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario, Sistema Postpenitenciario en México.
El Dr. Jorge Olvera García, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), moderó la mesa y coincidió en que las personas no deben estar encarceladas por circunstancias menores, expresando su adhesión a la propuesta del Tribunal Superior de Justicia estatal para impulsar las pre liberaciones y que las personas beneficiadas puedan reinsertarse plenamente a la sociedad.
En su participación, el director general de Derechos Humanos e Igualdad de Género de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos estatal, Martín Berdeja Rivas, destacó que el reto de las instituciones es formular políticas públicas para la inclusión postpenitenciaria y sensibilizar a todos los sectores productivos a generar fuentes de empleo a quienes salen de prisión y que haya apertura de espacios en el ámbito educativo para su desarrollo técnico y profesional; consideró también que el papel de las instituciones es garantizar el diseño e implementación de políticas públicas efectivas basadas en estudios y datos cuantitativos.
Asimismo, el subsecretario de Control Penitenciario del gobierno estatal, Manuel Palma Rangel, dijo que la crisis del sistema penitenciario en el país obedece a décadas de abandono institucional, y enunció acciones para una política nacional efectiva: cambiar la estructura organizacional; transformar la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario para lograr acuerdos realistas; modificar a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues se sigue pensando que los custodios son policías aunque su función es diferente; tener estándares homologados; generar una política de excarcelación; contar con protocolos especializados y, entre otras, promover la mediación penitenciaria, destacando también que “la reingeniería necesaria se basa en procesos, en las personas e infraestructura”.
El director general de Prevención y Reinserción Social, Jaime Echartea Mojica, lamentó que dicho sistema sea el último eslabón en la cadena de justicia y materia presupuestaria; reconoció que la prioridad debiera ser la reinserción social del individuo infractor pero cuando se alberga a 30 mil internos en espacios para 14 mil como en la entidad, la gobernabilidad es el principal problema a enfrentar; pues hay centros penitenciarios con más del 460 por ciento de sobrepoblación, por tanto, se adoptaron 44 protocolos nacionales, se aplican específicos para hombres y mujeres, y se capacitó al personal penitenciario, desde custodios hasta abogados y administrativos.
El director general jurídico y consultivo de la Fiscalía General de Justicia de la entidad, Luis Francisco Fierro Sosa, aseguró que es una asignatura pendiente, pues falta una política pública con recursos económicos que sume la voluntad de los tres ámbitos de gobierno; señaló que instituciones autónomas -como las comisiones de derechos humanos- podrían impulsar, apoyar y supervisar las políticas públicas para la mejora de la estancia en los centros de reinserción social; además, el problema es que se ve al reo “como una cosa que se guarda en una bodega y se cierra la puerta”, olvidando su derecho a la dignidad.
La investigadora del Senado de la República, Carla Angélica Gómez Macfarland, indicó que a las personas que salen de prisión no se les da seguimiento; el sector empresarial las discrimina y estigmatiza cuando solicitan un empleo y las instituciones educativas tampoco son accesibles para ellas, problema que debe estar en la agenda no solo de las comisiones de derechos humanos sino de la administración pública y el Poder Legislativo, ya que atenderlo ayudaría a disminuir el índice de reincidencia que es de 25%; asimismo, cuestionó si se quiere una justicia de castigo o una justicia restaurativa, con sustitutivos de penas, amnistía para ciertos delincuentes o no.
La jueza de ejecución de sentencias del Tribunal Superior de Justicia estatal, Alma Arriaga Miguel, señaló que las personas preliberadas quedan en desamparo ante la falta de oportunidades de empleo, la carga emocional y económica al regresar a la familia, así como la estigmatización de la sociedad, pues enfrentan obstáculos que los colocan en desigualdad en comparación con quienes no han tenido problemas con la ley penal. Ante la falta de un organismo protector del derecho humano al trabajo para este grupo, indicó que es indispensable formar redes de apoyo de organismos gubernamentales y de la sociedad civil para facilitar su reinserción social y prevenir la reincidencia.
La visitadora adjunta de la Tercera Visitaduría General de la CNDH, Clementina Rodríguez García, expuso la propuesta para que las personas procesadas y sentenciadas tengan derecho a una identificación oficial, ya que si bien se les quitan sus derechos políticos, continúan sus derechos como personas, por tanto, debe trabajarse en el tema el gobierno y el Instituto Nacional Electoral; al respecto, María de la Luz Sosa Alvarado, también visitadora adjunta, presentó el testimonio de Rosa Julia Leyva, quien logró “quitarse el grillete social” después de salir de prisión y conseguir -con el apoyo del ombudsperson nacional Luis Raúl González Pérez- que eliminaran los antecedentes penales para poder continuar su vida, trabajar y hacerse cargo de su familia, “porque el primer castigo de una persona encarcelada es la condena social y la pérdida de identidad.”
