Va 60 Legislatura por reforma contundente en materia de fiscalización: Maurilio Hernández y Tanech Sánchez
La nueva Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior de la entidad debe fortalecer los contenidos de los informes de resultados de fiscalización de las cuentas públicas, valorar que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) realice auditorías forenses y mejorar su coordinación con órganos municipales, además de redefinir los requisitos y procesos para el auditor superior y los mecanismos y causas de su remoción, coincidieron los legisladores de MORENA, Maurilio Hernández González y Tanech Sánchez Ángeles.
Durante la inauguración del foro ‘Hacia una nueva Ley de Rendición de Cuentas en el Estado de México’, organizado por la Comisión de Vigilancia del OSFEM que preside el diputado Tanech Sánchez, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la 60 Legislatura, Maurilio Hernández, explicó que en un año de funciones los legisladores han detectado que la normativa que rige la fiscalización estatal y el propio OSFEM requieren una profunda reestructura, por lo que se necesita una reforma contundente de la legislación.
Asimismo, el diputado Tanech Sánchez puntualizó que en el Congreso se vive un momento sui géneris porque no se habían confrontado nunca la Comisión de Vigilancia con el OSFEM ni se habían desaprobado los informes de las cuentas públicas, lo que posteriormente detonó en la solicitud de separación del cargo del auditor superior, por lo que actualmente transcurren tres procesos a la vez: el del recibimiento de la cuenta pública del 2019, la convocatoria para el nuevo auditor y la realización de foros para elaborar la ley en la materia.
Con la presencia de los legisladores Rosa María Zetina González (MORENA), Francisco Rodolfo Solorza Luna (PT), Iveth Bernal Casique y Lilia Urbina Salazar (PRI), el diputado Maurilio Hernández puntualizó que la nueva legislación deberá considerar y reforzar las recientes reformas aprobadas por la Legislatura, que incluyen los mecanismos de calificación de las cuentas públicas, abrir la posibilidad de que los ciudadanos soliciten auditorías especiales y la creación de la Unidad Técnica de Evaluación y Control del OSFEM.
El también coordinador del grupo parlamentario de MORENA elogió la participación en el foro de estudiantes, investigadores, servidores públicos municipales, estatales, de organismos autónomos y de los poderes Legislativo y Judicial, organizaciones civiles y ciudadanos, ya que sus aportaciones enriquecerán el diseño de la nueva norma.
En el evento, realizado en el Instituto de Estudios Legislativos del Congreso local, el diputado puntualizó que el foro coadyuva al propósito de la Cuarta Transformación de la vida pública del país de democratizar las instituciones, lo cual pasa por la revisión del entramado jurídico para modernizarlo, además de que sirve para informar a la sociedad sobre el interés superior de generar mejores condiciones para brindar los resultados que el pueblo exige.
Durante el desarrollo del foro, el congresista Tanech Sánchez detalló que en el ámbito federal, desde el Congreso de la Unión y a nivel de los estados como Puebla, Chihuahua e Hidalgo, hay un nuevo paradigma de fiscalización, impulsado por el Sistema Nacional Anticorrupción, que ha propiciado cambios en las leyes de transparencia y rendición de cuentas, por lo que reconoció que la revisión de los informes de las cuentas públicas de 2017 en la entidad motivó el planteamiento de elaborar un nuevo proyecto de ley.
El legislador reconoció las aportaciones de los ponentes, porque el objetivo de la Comisión de Vigilancia es elaborar un proyecto fortalecido y documentado con base en la experiencia de la academia, la administración pública y la ciudadanía, por lo que valoró lo compartido en temas como el marco jurídico de la fiscalización superior en México, la transparencia y rendición de cuentas de las entidades de fiscalización locales, la fiscalización en Puebla y el Sistema Nacional Anticorrupción, la fiscalización superior desde la auditoría forense, y la coordinación entre la Secretaría de la Función Pública y las entidades de fiscalización superior federal y locales.